Buenos Aires, 27 de enero de 2024.
El reciente “medio” paro con movilización convocado y organizado por la CGT no pasó desapercibido para el gobierno. Fue notoria la diferencia entre el bajo acatamiento a la medida y la multitud que hubo en la zona de la marcha. Más allá de la polémica por los números en cuanto al acatamiento del mismo y la concurrencia a la concentración en la Plaza de los Dos Congresos, es evidente que resultó más masivo de lo esperado.
Desde el miércoles pasado, el Ejecutivo Nacional mantiene el hermetismo respecto a analizar en público los resultados de la jornada. Tan solo se memorizan las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, y de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que coincidieron en minimizar los efectos de la protesta sindical.
Paradojas a parte, el protocolo anti-piquetes fue aplicado a cuenta gotas, solo horas después de haberse desconcentrado la multitud, y ante un remanente de decenas de personas que permanecían ocupando algunos sectores de arterias frente al Congreso.
Sin embargo, el gobierno dejó en evidencia su malestar al día siguiente: dispuso cambiar abruptamente las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), quienes habían asumido en el inicio de la gestión mileísta. La nueva jefatura designada, proveniente de las gerencias de OSDE y de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Gabriel Oriolo y Claudio Stivelman), son ilustres desconocidos en el mundo sindical.
La SSS es un espacio muy sensible, donde históricamente quienes conducían sintonizaban con los dirigentes sindicales. Por supuesto, algo característico de nuestra Argentina, en la mayor parte de los casos eran designados directamente por los gremios más importantes.
La función de dicho organismo es regular y controlar al sistema de salud. Esto es, en teoría, auditar a las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga para garantizar los derechos de los usuarios a las prestaciones de salud. Por ello maneja, por ejemplo, el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), encargado de los reintegros a las obras sociales por los tratamientos de alta complejidad.
En síntesis, se ocupa del reparto de cuantiosos fondos para las obras sociales sindicales, las que se financian con una contribución del 6% que hacen los empleadores y un aporte de 3% del sueldo de los trabajadores (9% en total).
Resulta sugestivo que en momentos donde el sindicalismo se muestra como el actor político con mayor volumen para defender sus intereses en una coyuntura donde se debate en la Cámara de Diputados el proyecto de ley Ómnibus enviado por el ejecutivo, y se aguarda la resolución final de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de aquellos artículos del mega DNU que refieren a reformas de normas laborales,el gobierno, no solo mantiene nulos canales de comunicación con la dirigencia cegetista, sino que dispone en forma intempestiva el reemplazo de la conducción por personas sin “roce” con los gremios, en una agencia que, por su misión y funcionalidad operativa, debe tener relación directa con los gremios.
La decisión de apurar el primer paro obedeció al DNU de Milei que afecta derechos laborales y que hiere de muerte mecanismos clave del financiamiento de los gremios. El decreto además incorpora a las prepagas al régimen de obras sociales, lo que habilita a que las empresas de medicina privada puedan afiliar en forma directa a los trabajadores.
Impera la urgencia de diseñar una mesa de negociación con los sindicatos, en un momento donde se empantana el escenario para aprobar en el Congreso las medidas del Ejecutivo. Justamente, cuando la oposición dialoguista tensa la cuerda en procura de mayores concesiones y hacen causa común con los gobernadores, el gobierno nacional dispone de una oportunidad clave para acordar apoyo de un actor que ya jugó sus fichas. Se aguardan señales políticas de una gestión inusual.